La agricultura chilena no se exime del mal nacional de la burocracia estatal, que le resta competitividad a los productores nacionales. Esto se hace evidente cuando vemos que en 2017 Chile exportaba 4.800 millones de dólares en fruta fresca, y Perú solo la mitad de ese valor. Hoy ambos países competimos de igual a igual.
Un caso que ilustra este freno es la baja cantidad de registros fitosanitarios, esenciales para combatir plagas de importancia agrícola. En 2024, Chile aprobó solo 14 nuevos registros, alcanzando 1.447 en total, muy por debajo de países como Perú (3.893) y Sudáfrica (1.886). Además, el 40% de las solicitudes fueron rechazadas por el SAG, en contraste con el 1,4% de rechazo en registros de plaguicidas de uso doméstico ante el ISP. La falta de laboratorios certificados y la retención prolongada de productos mientras dura su análisis afectan aún más al sector.
Las consecuencias son visibles: el avance de plagas como Drosophila suzukii y Lobesia botrana y los más de 20 brotes activos de mosca de la fruta han erosionado la histórica condición fito y zoosanitaria del país.
Es urgente que el Estado sea un facilitador del desarrollo agrícola, simplificando trámites, agilizando procesos y modernizando normativa para que el agro chileno recupere su competitividad. La inacción no es una opción: el presupuesto para evaluar registros fitosanitarios ha caído un 60% desde 2016, afectando gravemente al sector. Chile debe tomar medidas urgentes para eliminar estas trabas y asegurar un futuro próspero para la agricultura.
Gabriel Ormeño, Presidente de IMPPA A.G.
