Chile ha construido por décadas una reputación internacional como proveedor confiable de alimentos sanos y seguros. Nuestro patrimonio fitosanitario ha sido clave para posicionarnos como potencia agroexportadora. Pero esa ventaja estratégica está en riesgo. El avance de plagas como Lobesia botrana, Drosophila suzukii y la constante amenaza de Ceratitis capitata muestra que mantener un país libre de plagas cuarentenarias requiere de nuevos niveles de colaboración, financiamiento estable y una visión compartida entre Estado e industria.
Por ello, la cooperación entre sector público y privado no puede seguir siendo un enunciado. Necesitamos pasar del discurso a los compromisos formales; de las buenas intenciones a los aportes concretos y permanentes; de la reacción a la planificación estratégica. El Estado debe liderar, coordinar y asegurar continuidad, pero la industria y los productores —grandes, medianos y pequeños— deben asumir un rol más decidido, protagónico y corresponsable. La sustentabilidad sanitaria del país es un patrimonio compartido que todos debemos financiar y proteger.
Hoy más que nunca se requiere participación activa y organizada de productores en zonas de riesgo; aportes económicos proporcionales y obligatorios en programas regionales; responsabilidad conjunta en la ejecución, verificación y auditoría de medidas; gobernanza compartida para evitar discontinuidades o parches. Sin esta corresponsabilidad, cualquier esfuerzo será insuficiente.
Chile necesita avanzar desde estrategias reactivas hacia programas de largo plazo y continuidad, independientemente del gobierno de turno. No se trata solo de cumplir protocolos, sino de recuperar terreno perdido, consolidarnos nuevamente como referente fitosanitario y asegurar nuestra competitividad exportadora para las próximas décadas. Sin visión de futuro, ninguna tecnología ni ley ni protocolo serán suficientes.
El programa sudafricano FruitFly Africa es un ejemplo de cómo debe funcionar una alianza público-privada moderna. Frente a Ceratitis capitata, Sudáfrica no se limitó a controlar en crisis; implementó un sistema integral basado en la liberación semanal de machos estériles en 40.000 hectáreas de uva de mesa en los valles de Hexriver y Elgin-Grabouw-Vygeboom, entre octubre y mayo. El proyecto funciona porque la industria aporta de manera significativa, sostenida y obligatoria; el Estado financia la mitad del programa y garantiza continuidad; los productores aplican buenas prácticas y manejos complementarios. Nadie queda fuera: todos participan, todos pagan, todos se benefician.
El resultado es contundente: supresión real, estabilidad sanitaria y protección del negocio frutícola. Ese es el tipo de modelo que Chile requiere.
Las plagas no solo dañan fruta, sino que también erosionan nuestra reputación, cierran mercados y encarecen los costos. Seguir postergando decisiones solo aumentará los costos futuros para la industria y el país.
Los esfuerzos dispersos, por bien intencionados que sean, no logran resultados sostenibles. Para detener estas plagas se requiere exactamente lo que hoy falta: programas regionales obligatorios, financiamiento estable y compromiso total del sector productivo.
El caso de Perú está sobre la mesa por una razón: nos supera en monto exportado y su nueva ley agraria solo ampliará esa brecha. Mientras avanzan con políticas productivas y modernización, nosotros seguimos discutiendo cómo abordar problemas que llevamos más de una década. Competimos en los mismos mercados. Quien llegue con menos plagas, menos tratamientos y mejor condición tendrá ventaja.
El futuro depende de una alianza que aún no existe. Chile tiene la experiencia, la tecnología, el conocimiento para enfrentar este desafío. Lo que falta es voluntad política y compromiso público-privado real, vinculante en financiamiento y con visión de largo plazo. No esperemos a que las plagas dicten nuestro futuro. Construyámoslo nosotros, juntos y con decisión.
Columna opinión Gabriel Ormeño. Publicado en Revista del Campo, El Mercurio. Lunes 22/12/2025.
